Los 15 proyectos en los que CVV acusa tener una disputa con entidades públicas

Durante meses buscaron alguna fórmula para evitar la quiebra, pero la gravedad de la situación financiera de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela es tal, que no dieron más. Y finalmente este viernes se acogieron a liquidación a causa de la insostenibilidad de deudas que bordean los US$ 60 millones. Y si bien, entre los factores que desencadenaron este escenario figura el alza de los materiales, entre otros cambios estructurales a causa de la pandemia, uno de los principales responsables -según dice la compañía- es la gestión "burocrática" de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

Así lo expresó CVV en su solicitud de quiebra, en la cual se refiere a la cartera liderada por el ministro Juan Carlos García como una de las piezas clave detrás de la falta de recursos de la compañía. Y apuntan a problemas operativos, retrasos en los pagos e incluso rotundos fracasos en los intentos de una solución extrajudicial entre las partes.  

Según lo mencionado, son al menos 15 las obras que han significado un completo dolor de cabeza en estos últimos meses. Entre ellas figura el Bypass de Castro, en la Región de los Lagos, cuyo proyecto fue adjudicado a CVV bajo mandato del Ministerio Obras Públicas, que hoy-asegura la empresa- adeuda un pago de $ 3.196 millones (US$ 3,2 millones) vinculado a retrasos y mayores costos originados por la paralización de las obras tras diversos hallazgos arqueológicos.  

"Estas situaciones fueron advertidas al mandante desde comienzos del 2021. En efecto, se informó de esta situación a autoridades regionales y a las pasadas y actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas. A pesar de ello no se obtuvo ninguna solución para la empresa que igualmente dio avance al desarrollo de la obra que presenta hoy un 73%", indica Claro, Vicuña, Valenzuela.

Y a este proyecto se suma el Puente Ciruelo, en la Región de los Ríos, también bajo el mandato del MOP. En este caso y a diferencia de la obra anterior, la iniciativa se encuentra totalmente finalizada y la entrega de esta infraestructura de hizo a inicios de este año. De manera que a la fecha, según cuenta la constructora, los habitantes que transitan ya pueden hacer efectiva la disminución de sus viajes de media hora (en balsa a través del cruce del río San Pedro) a menos de un minuto. Y sin embargo, aún así existe una liquidación pendiente del MOP por $ 1.378 millones (US$ 1,4 millones). 

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Obras terminadas impagas

Además, de acuerdo a información de CVV, existe un total de siete obras terminadas, entregadas y en uso que no han podido ser facturadas por retrasos en el cierre administrativo del mandante, que implican un monto adeudado de $ 1.166 millones (US$ 1,2 millones). Se trata del proyecto de Agua Potable Rural (APR) Curarrehue, el Aeródromo de Tortel, el Liceo Curaco de Vélez, el Colector San Martín 1 y 2, La Chilenita y el Lago Risopatrón. 

"Algunas de ellas datan de 2018, están en pleno uso por parte de la comunidad y su funcionalidad ha sido un beneficio notorio en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas (...) Todas estas obras se encuentran en regiones extremas donde pocas constructoras tienen interés y capacidad de enfrentar el desarrollo de este tipo de proyectos", menciona Claro, Vicuña Valenzuela. 

Y aquí no se acaban los problemas. Pues, además, existen obras terminadas, entregadas y en uso, que se encuentran judicializadas en sus pagos finales. A estas obras la empresa fue convocada por entidades Públicas, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Concepción. Entre ellas figuran infraestructuras que, según dice CVV, requirieron plazos de ejecución muy cortos, como el caso del Estadio Ester Roa, Región del Biobío; y destacan obras que no tenían oferentes por sus dificultades, como el Paso Fronterizo de Chungará; o cuya ubicación geográfica implicaban grandes desafíos logísticos, como los hospitales de Hanga Roa, Puerto Aysén y de Puerto Natales.

"En cada proyecto la empresa manifestó que estas dificultades requerían de la colaboración del mandante, el que siempre se comprometió a que las dificultades se enfrentarían en forma conjunta. Pero llegado el término de la obra, CVV ha informado que dicha colaboración fue negada", relata la constructora.

De estos proyectos de infraestructura los juicios de mayor cuantía vigentes que se encuentran en distintas etapas de desarrollo son la construcción del Complejo Fronterizo Chungará (con un litigio pendiente desde el 2020 y con deudas por $ 20 mil millones (US$ 20,5 millones) más reajustes e intereses; el Estadio Ester Roa de Concepción (cuyo litigio está pendiente desde el 2017 por una cuantía total demandada de $ 19 mil millones (US$ 19,5 millones) más reajustes e intereses; y el Hospital de Puerto Aysén (con un litigio pendiente desde el 2021 y cuyo monto impago asciende a $ 9.500 millones (US$ 9,7 millones). 

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Boletas retenidas y falta de acción 

Por otro lado, la empresa acusa que además de los montos adeudados por parte de los mandantes, existe cierta falta de colaboración con la situación de la empresa. Y cuenta que en el caso de algunas de las obras mencionadas, aquellos organismos "tienen retenidas boletas de garantía, negándose a poner término o finiquito a los contratos".

"Esto ha obligado a CVV a mantener vigentes estas boletas con el enorme costo financiero que ello involucra. Lo que para un mandante puede ser un simple papel, para la empresa ha tenido una carga financiera que asciende a $3.442 millones (US$ 3,5 millones)", señalan. Y apuntan a las obras de mejoramiento del aeropuerto Diego Aracena de Iquique, que CVV desarrolla desde fines de 2017.

"En este contrato la empresa ha enfrentado un conjunto de interferencias producto de solicitudes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y hallazgos arqueológicos que han dejado paralizadas obras que a la fecha de hoy no han tenido solución", dice la constructora. Y a esto se suma la ejecución de "una cantidad no menor de solicitudes de obras adicionales formalizadas por la inspección fiscal de la Dirección General de Concesiones (DGC)", que si bien han sido presentadas para su respectivo cobro su cobro, esta entidad "aun teniendo la obligación de trasladar los reclamos, no lo ha hecho", explican.

Según lo informado por CVV, estas obras ejecutadas a costo de la compañía le han causado un perjuicio económico de UF 800 mil.